El último pleno del Consell de la Comunitat Valenciana ha marcado un nuevo capítulo en la tensión entre la Generalitat y el Gobierno de España, especialmente en el contexto del reparto de menores migrantes. La vicepresidenta Susana Camarero ha anunciado la decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, que regula el traslado de menores no acompañados desde Canarias a la Comunitat Valenciana. Este recurso se suma a otro ya presentado en mayo ante el Tribunal Constitucional, lo que refleja la creciente preocupación y oposición de la Generalitat hacia las políticas migratorias del Gobierno central.
La normativa en cuestión establece que la Comunitat Valenciana debe acoger a 571 menores migrantes, un número que ha sido calificado por Camarero como «unilateral» y «no negociado». La vicepresidenta ha argumentado que esta medida no solo invade las competencias autonómicas, sino que también se implementa sin la planificación adecuada y sin los recursos necesarios para garantizar el bienestar de estos menores. Según Camarero, el sistema de protección de menores en la Comunitat Valenciana ya está operando al 160% de su capacidad, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de acoger a un número adicional de menores sin un apoyo financiero y logístico adecuado.
La situación de los menores migrantes no acompañados ha cobrado relevancia en el debate público, especialmente en un contexto donde la presión política sobre el Partido Popular (PP) por parte de Vox ha aumentado. La decisión del Consell de recurrir la normativa del Gobierno central no solo responde a una cuestión de competencias, sino también a una estrategia política en un clima donde la inmigración se ha convertido en un tema candente. La vicepresidenta ha enfatizado que cada paso que dé el Gobierno será objeto de recurso, lo que indica una postura firme y decidida por parte de la Generalitat en este asunto.
### La Falta de Recursos y Planificación
Uno de los puntos más críticos que ha señalado Camarero es la falta de recursos y planificación por parte del Gobierno central para llevar a cabo el traslado de los menores. La vicepresidenta ha criticado que se proponga realizar este traslado sin una infraestructura adecuada ni el personal necesario para atender a los menores, lo que podría resultar en condiciones inadecuadas para su acogida. La propuesta del Gobierno de destinar 7,4 millones de euros para los primeros tres meses del traslado ha sido considerada insuficiente, ya que no se ha especificado cuánto se destinará posteriormente ni cuántos menores se acogerán realmente.
Camarero ha puesto de manifiesto que, si se distribuyeran esos 7,4 millones entre los 571 menores, el presupuesto diario por menor sería de solo 34 euros, muy por debajo de los 218 euros que actualmente se invierten en el sistema valenciano para cada menor acogido. Esta disparidad en la financiación pone en evidencia las dificultades que enfrentaría la Comunitat Valenciana para cumplir con la normativa del Gobierno central, que ya ha sido criticada por su falta de consideración hacia las realidades locales.
La vicepresidenta ha reiterado que el sistema de protección de menores en la Comunitat Valenciana ya enfrenta serios desafíos, y que la llegada de más menores sin el apoyo adecuado podría agravar la situación. Las entidades que trabajan en este ámbito han expresado su preocupación por la falta de recursos y la saturación del sistema, lo que ha llevado a Camarero a solicitar una revisión de las políticas de acogida y un diálogo más constructivo entre las administraciones.
### Implicaciones Políticas y Sociales
El conflicto entre la Generalitat y el Gobierno de España no solo tiene implicaciones legales, sino que también refleja un panorama político complejo en el que la inmigración se ha convertido en un tema divisivo. La presión del partido Vox sobre el PP ha llevado a una mayor polarización en el debate sobre la acogida de inmigrantes, lo que ha influido en la postura del Consell. La posibilidad de que las autonomías acepten la acogida de menores migrantes ha sido un punto de fricción que ha llevado a tensiones en los gobiernos autonómicos, incluido el valenciano.
La respuesta del Consell ante la normativa del Gobierno central puede interpretarse como un intento de reafirmar su autonomía y competencias en un contexto donde las decisiones sobre inmigración son cada vez más controvertidas. La postura de la Generalitat podría tener repercusiones en futuras negociaciones sobre políticas migratorias y en la relación entre las administraciones autonómicas y el Gobierno central.
En resumen, el conflicto por el reparto de menores migrantes entre la Generalitat y el Gobierno de España pone de relieve no solo las dificultades logísticas y financieras que enfrenta la Comunitat Valenciana, sino también las tensiones políticas que surgen en torno a la inmigración. La situación exige una atención urgente y un enfoque colaborativo para abordar las necesidades de los menores migrantes y garantizar su bienestar en un sistema que ya está al límite de su capacidad.
