La reciente declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha puesto de relieve las tensiones y contradicciones en la gestión de la emergencia provocada por la dana del 29 de octubre. Durante su comparecencia ante la jueza y el fiscal, Polo defendió la actuación de la CHJ, asegurando que se enviaron 24 correos electrónicos al centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en momentos críticos, lo que contrasta con las acusaciones de un apagón informativo por parte de la Generalitat.
La CHJ, a través del Sistema de Alerta e Información Hidrológica (SAIH), comunicó 16 alertas sobre lluvias intensas en las horas previas a la tragedia, lo que, según Polo, debería haber permitido a la protección civil anticiparse a la situación. Sin embargo, la Generalitat ha señalado que solo se enviaron dos correos sobre el crecimiento del caudal en el barranco del Poyo, donde se registraron las muertes de 202 personas. Esta discrepancia en la información ha generado un debate sobre la eficacia de los sistemas de alerta y la responsabilidad de las instituciones en la gestión de emergencias.
### La Eficiencia del Sistema de Alerta
El SAIH, que se instaló entre 1985 y 1989 tras las inundaciones provocadas por la pantanada de Tous en 1982, ha sido objeto de críticas por su capacidad de predicción. Miguel Polo enfatizó que el sistema no es una herramienta de predicción, sino de observación, diseñada para captar y transmitir datos sobre el estado pluviohidrológico de la cuenca. En su declaración, Polo argumentó que los sensores instalados en la cuenca del Poyo no permiten anticipar eventos extremos, ya que solo miden el caudal existente y no ofrecen un margen de tiempo suficiente para actuar.
La situación se complicó aún más cuando se reveló que el incremento de caudal en el barranco del Poyo, que alcanzó los 1.686 m3/seg, se sumó a otros caudales de diferentes barrancos, lo que exacerbó la situación en l’Horta Sud. Polo explicó que, aunque el sensor de Riba-roja registró un aumento significativo, este dato era coherente con las lluvias que afectaban a otras comarcas, lo que dificultó la evaluación de la gravedad de la situación en tiempo real.
La falta de información precisa y oportuna ha llevado a cuestionar la efectividad del SAIH y la capacidad de respuesta de las autoridades. La Generalitat ha señalado contradicciones en las declaraciones de Polo, especialmente en lo que respecta a la gestión del sistema de alertas. Mientras que Polo afirmó haber solicitado el envío de un mensaje de alerta antes de las 18 horas, otros testimonios, como el del jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), contradicen esta versión, lo que añade confusión al caso.
### La Responsabilidad Institucional
La gestión de la emergencia del 29 de octubre ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo. La CHJ y la Generalitat se encuentran en una encrucijada, donde la falta de coordinación y la disparidad en la información han generado un clima de desconfianza entre las instituciones y la población afectada.
El Partido Popular ha aprovechado la situación para exigir la dimisión de Miguel Polo, argumentando que su falta de comunicación sobre el aumento del caudal en el barranco del Poyo fue un error crítico que contribuyó a la tragedia. La presión política se intensifica a medida que se revelan más detalles sobre la gestión de la emergencia, y la población exige respuestas claras y responsables.
Además, la jueza a cargo del caso ha ordenado la inscripción de una nonata como víctima del desastre, lo que subraya la gravedad de la situación y el impacto humano de la dana. Este reconocimiento no solo es un acto simbólico, sino que también refleja la necesidad de que las instituciones asuman su responsabilidad en la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos.
La situación actual exige una reflexión profunda sobre cómo se gestionan las emergencias en la región. La implementación de sistemas de alerta más efectivos, la mejora en la comunicación entre las instituciones y la capacitación de los equipos de respuesta son aspectos cruciales que deben abordarse para evitar que tragedias como la del 29 de octubre se repitan en el futuro. La confianza de la ciudadanía en sus instituciones depende de la capacidad de estas para aprender de los errores y mejorar continuamente sus protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
