La devastación causada por la DANA en Aldaia ha dejado a muchos negocios y hogares en una situación crítica. Uno de los casos más emblemáticos es el de la pastelería Selvi, cuyo propietario, Rafa Hoyo, ha enfrentado no solo la pérdida de su maquinaria y ahorros, sino también una carga fiscal inesperada tras recibir ayudas para la recuperación. La situación ha puesto de manifiesto la falta de información y la complejidad del sistema tributario en momentos de emergencia.
**Impacto de la DANA en Negocios Locales**
La DANA, que azotó la región el 29 de octubre, dejó a su paso un rastro de destrucción. La pastelería Selvi fue una de las muchas víctimas, con su local inundado de barro y escombros. Hoyo, quien también es portavoz de la Asociación de Afectados por la DANA de Aldaia, se vio obligado a movilizarse rápidamente para obtener recursos que le permitieran reparar su negocio. A través de diversas iniciativas, logró reunir 100.000 euros, pero la sorpresa llegó al momento de hacer su declaración de impuestos.
Las ayudas que recibió, aunque cruciales para su recuperación, resultaron ser gravadas por Hacienda. Esto significa que, a pesar de haber recibido fondos para hacer frente a la emergencia, Hoyo ahora debe pagar entre el 21% y el 23% en impuestos sobre esas ayudas. «Ahora tengo que pagar 20.000 euros en impuestos, y ya he invertido ese dinero», lamenta. Esta situación ha generado un sentimiento de frustración entre los afectados, quienes se sienten desinformados y desprotegidos ante la burocracia.
El propietario de Selvi no es el único que enfrenta este dilema. Muchos autónomos y pequeños empresarios de la zona han actuado sin conocer las implicaciones fiscales de las ayudas que recibieron. La falta de claridad en la comunicación sobre qué ayudas están exentas de tributación ha llevado a que muchos se encuentren en una situación financiera complicada justo cuando intentan recuperarse de una tragedia.
**Dificultades en la Recuperación de Hogares**
La historia de Carmen García, otra afectada por la DANA, ilustra aún más las complicaciones que enfrentan los damnificados. Su hogar fue severamente dañado, con el agua alcanzando una altura de 1,60 metros. A pesar de que su intención era realizar una reforma completa, se encontró con un obstáculo adicional: la tasa urbanística del 1% sobre el presupuesto de ejecución de las obras. Esta tasa, que no ha sido bonificada por el Ayuntamiento de Aldaia, representa un costo significativo en un momento en que los recursos son escasos.
Carmen había estimado que la reforma total costaría alrededor de 120.000 euros, lo que implica que tendría que pagar 1.200 euros solo por la licencia de obras. Ante esta situación, ha decidido limitar las reparaciones a lo estrictamente necesario, optando por una reforma estructural que le costará 26.000 euros. «Nos dijeron que, total, es solo el 1%, pero el Ayuntamiento no parece tener en cuenta que no estoy reformando mi casa porque quiero, sino porque ahora da pánico y no puedo vivir en ella», expresa con frustración.
Además, Carmen ha enfrentado problemas con las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, que han sido insuficientes debido a la discrepancia entre el valor catastral de su vivienda y el precio real del mercado. Aunque recibió algunas ayudas de iniciativas solidarias, estas llegaron ya libres de cargas, lo que le permitió evitar problemas fiscales adicionales. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de su hogar y la carga financiera que enfrenta son preocupaciones constantes.
Desde el Ayuntamiento de Aldaia, se ha explicado que la tasa por licencia urbanística no puede ser bonificada debido a la normativa vigente, lo que ha generado descontento entre los afectados. Mientras tanto, el Consell ha aprobado deducciones fiscales y ayudas al alquiler para los afectados por la DANA, pero muchos se preguntan si estas medidas serán suficientes para aliviar la carga que enfrentan en su camino hacia la recuperación.
La situación de los afectados por la DANA en Aldaia resalta la necesidad de una respuesta más efectiva y comprensiva por parte de las autoridades. La falta de información clara y la complejidad del sistema tributario en situaciones de emergencia han dejado a muchos en una posición vulnerable, luchando no solo por reconstruir sus vidas, sino también por entender y cumplir con las obligaciones fiscales que se les imponen.