La reciente tragedia en el río Túria, donde dos jóvenes perdieron la vida en un corto periodo de tiempo, ha suscitado un intenso debate sobre la responsabilidad de las administraciones en la gestión de las zonas de baño. Los ahogamientos ocurrieron en la presa del Azud de la Acequia de Tormos, un lugar frecuentado tanto por residentes como por turistas. La familia de uno de los fallecidos ha cuestionado si estas muertes podrían haberse evitado y si las autoridades tienen alguna responsabilidad en la falta de señalización y advertencias sobre los peligros del lugar.
La situación se complica al considerar que tres administraciones diferentes tienen competencias sobre la gestión de esta área: el Ayuntamiento de Manises, la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, cada una de estas entidades tiene un grado de responsabilidad diferente, lo que ha llevado a confusiones y a un debate sobre quién debería asumir la culpa en caso de accidentes.
### La normativa y la responsabilidad del bañista
Según la Ley de Aguas, el baño en ríos y zonas de dominio público hidráulico es un uso común que puede ejercerse libremente, pero siempre bajo la responsabilidad del bañista. Esto significa que, legalmente, las administraciones no pueden prohibir el baño en estas áreas, sino que solo pueden disuadir a los bañistas mediante advertencias y señalización. Esta normativa ha sido criticada por los familiares de las víctimas, quienes argumentan que la falta de señales claras sobre los peligros del río contribuyó a la tragedia.
La Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana ha solicitado la creación de zonas de baño seguras, con socorristas presentes, especialmente en ríos donde los riesgos son evidentes. A pesar de estas recomendaciones, la realidad es que muchos bañistas continúan acudiendo a estos lugares sin ser plenamente conscientes de los peligros que enfrentan. En este contexto, la falta de señalización adecuada se convierte en un tema crucial. Los familiares de Jeferson, uno de los jóvenes fallecidos, denunciaron que no había ninguna advertencia visible en la zona donde ocurrió el ahogamiento.
### Acciones de las administraciones locales
El Ayuntamiento de Manises ha manifestado su preocupación por la seguridad en el río y ha solicitado a las administraciones competentes que se prohíba el baño en esta zona. A través de la Asociación de Municipios vinculados al Parque Natural del Turia, han pedido la elaboración de un decreto que establezca prohibiciones claras y restricciones para el baño en el río. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido que la responsabilidad recae en los ayuntamientos, quienes deben delimitar el acceso a estas áreas.
Durante una reunión en marzo, el Ayuntamiento solicitó que se instalara señalización clara que advirtiera sobre los peligros del baño en el cauce del Túria. A pesar de estas peticiones, los testimonios de vecinos y familiares contradicen la afirmación de que la zona estaba debidamente señalizada o precintada. Esto ha llevado a un clima de frustración y desconfianza hacia las administraciones, que parecen eludir su responsabilidad en la protección de los ciudadanos.
La Generalitat Valenciana, por su parte, ha defendido que la zona no estaba habilitada para el baño, a diferencia de otras áreas recreativas. Sin embargo, la falta de claridad en la señalización y la advertencia de los peligros específicos de esta zona han dejado a muchos bañistas en la oscuridad sobre los riesgos que enfrentan.
### La Confederación Hidrográfica del Júcar y su papel
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha argumentado que, según la Ley de Aguas, no tienen competencias en la regulación del baño en esta zona. Sin embargo, antes de la dana que afectó la región, la CHJ había instalado paneles informativos que advertían sobre los riesgos del baño, aunque estos fueron destruidos por las inundaciones. A pesar de haber elaborado un listado de zonas peligrosas para el baño, la presa del Azud de la Acequia de Tormos no estaba incluida, lo que ha generado confusión y críticas sobre la eficacia de sus advertencias.
La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad en las zonas de baño y la responsabilidad de las administraciones en la protección de los ciudadanos. La falta de coordinación entre las diferentes entidades y la ambigüedad en la normativa han contribuido a un entorno donde los bañistas pueden estar expuestos a peligros sin la debida advertencia.
Los recientes ahogamientos en el río Túria han puesto de manifiesto la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad en las zonas de baño y de establecer un marco claro de responsabilidad para las administraciones. Es fundamental que se implementen medidas efectivas para prevenir futuras tragedias y garantizar la seguridad de todos los que disfrutan de estos espacios naturales.
