La reciente denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia ha puesto de nuevo en el centro del debate la cuestión de los vestigios franquistas en el cementerio municipal de Benaguasil. Esta acción se produce en un contexto donde la ley estatal de Memoria Democrática de 2022 busca erradicar símbolos que rememoran la dictadura franquista, pero que, a pesar de su existencia, siguen siendo objeto de controversia y resistencia por parte de algunos sectores de la población y del propio ayuntamiento.
La denuncia fue presentada por un vecino de la localidad, quien alertó a la Fiscalía sobre la permanencia de inscripciones y monumentos que glorifican el régimen franquista. A pesar de las reiteradas solicitudes de información por parte del ministerio fiscal al consistorio, el ayuntamiento ha hecho caso omiso a estas peticiones, lo que ha llevado a la Fiscalía a remitir el caso al juzgado decano de Llíria. Este procedimiento podría dar lugar a un juicio por la posible infracción de la ley de Memoria Democrática, que busca proteger la memoria de las víctimas del franquismo y eliminar cualquier vestigio que pueda considerarse una apología de la dictadura.
La situación en Benaguasil no es aislada. A lo largo de los años, diversas entidades y partidos políticos han denunciado la permanencia de símbolos franquistas en el municipio. En el mausoleo central del cementerio, se pueden encontrar inscripciones como «En memoria de los caídos» y «Caídos por Dios y por España», que han sido objeto de críticas por su carga ideológica. Sin embargo, el ayuntamiento, liderado por el alcalde Ximo Segarra, ha defendido su postura, argumentando que retirar estos vestigios podría «abrir heridas de hace 80 años». Esta declaración refleja una resistencia a confrontar el pasado y a reconocer el sufrimiento de las víctimas del franquismo.
### La Resistencia a la Memoria Democrática
El debate sobre la memoria histórica en España ha sido un tema candente desde la aprobación de la ley de Memoria Democrática. Esta legislación busca no solo la eliminación de símbolos franquistas, sino también la reparación de las víctimas y la promoción de la memoria histórica. Sin embargo, la implementación de estas leyes ha encontrado obstáculos significativos, especialmente en localidades como Benaguasil, donde la oposición política juega un papel crucial.
El Partido Popular (PP) en Benaguasil ha manifestado su rechazo a la retirada de vestigios franquistas, argumentando que esto podría reabrir heridas del pasado. Esta postura ha sido criticada por diversos sectores que consideran que la memoria histórica es fundamental para avanzar como sociedad y evitar la repetición de errores del pasado. La falta de acción por parte del ayuntamiento ha llevado a la Fiscalía a intervenir, lo que pone de manifiesto la tensión existente entre la ley y la política local.
En el contexto de la memoria democrática, la Conselleria de Participación y Memoria Democrática, en su anterior legislatura, había enviado requerimientos al ayuntamiento para abordar la situación de los vestigios franquistas. Sin embargo, estos esfuerzos no han tenido éxito, y la situación ha permanecido sin cambios. La creación de un catálogo de vestigios franquistas por parte del gobierno valenciano anterior, que incluía medio centenar de restos de la guerra y la dictadura, ha sido desmantelada con la llegada del nuevo Consell de PP y Vox, que ha eliminado las ayudas destinadas a la retirada de estos símbolos.
La falta de recursos y la eliminación de partidas presupuestarias para la memoria histórica han complicado aún más la situación. En 2023, se había habilitado una partida de más de medio millón de euros para ayudar a los ayuntamientos y asociaciones en la retirada de vestigios franquistas, pero esta ayuda ha desaparecido tras la aprobación de la ley de Concordia, que ha despojado a la ley valenciana de memoria democrática de su efectividad.
### La Búsqueda de Justicia para las Víctimas
A pesar de la resistencia en Benaguasil, otras localidades de la Comunitat Valenciana están avanzando en la recuperación de la memoria histórica. Recientemente, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se reunió con representantes del Ayuntamiento de Llíria y familiares de víctimas del franquismo para discutir subvenciones destinadas a la localización y exhumación de víctimas. Este tipo de iniciativas son esenciales para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y que se realice justicia en un contexto donde el pasado sigue presente.
Bernabé ha enfatizado que la recuperación de la memoria democrática es un deber institucional y que el gobierno está comprometido con la protección y reparación de las víctimas del franquismo. Sin embargo, la crítica hacia los presupuestos de la Generalitat Valenciana y la ley de Concordia, que restringe los derechos de las víctimas, pone de manifiesto la complejidad del panorama actual.
La lucha por la memoria histórica en Benaguasil y en otras localidades de la Comunitat Valenciana es un reflejo de la necesidad de confrontar el pasado y de reconocer el sufrimiento de aquellos que fueron víctimas de la dictadura. La intervención de la Fiscalía es un paso hacia la justicia, pero el camino hacia la reparación y la eliminación de vestigios franquistas aún está lleno de desafíos y resistencias que deben ser superados para avanzar hacia una sociedad más justa y reconciliada.
