Los agricultores de Carmona, Sevilla, están reconvirtiendo sus campos en parques solares. Reciben hasta 1.900 € por hectárea, diecinueve veces más que con cultivos tradicionales. Esta transformación está redefiniendo la economía rural, la seguridad alimentaria y el marco regulatorio español.
¿Qué impulsa la instalación masiva de placas solares en zonas agrícolas?
La demanda de energía limpia, los incentivos estatales y la alta rentabilidad han acelerado la conversión de tierras de cultivo en instalaciones fotovoltaicas. En Carmona, el cambio ha sido radical: más de 2.000 millones de euros en inversión privada se han canalizado hacia proyectos solares desde 2022.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece metas vinculantes: 76 GW de potencia solar instalada para 2030. Esto exige ocupar grandes extensiones de suelo, y las zonas rurales con alta irradiación —como Sevilla— son prioritarias.
El rol de los ayuntamientos y la Ley de Suelo
Los ayuntamientos, como el de Carmona, han aprobado modificaciones en los planes generales de ordenación urbana (PGOU) para permitir usos mixtos: agrícola y energético. Sin embargo, la Ley de Suelo y Urbanismo no contempla explícitamente la compatibilidad entre producción agrícola y plantas solares a gran escala.
Esto genera incertidumbre jurídica. Algunos proyectos se amparan en la figura del uso industrial subsidiario, mientras otros invocan la Ley de Transición Energética, que prioriza instalaciones renovables sobre usos tradicionales.
¿Qué impacto tiene esto en la producción agrícola y la economía local?
La superficie agrícola útil (SAU) en Carmona ha caído entre un 20 % y un 30 % en cinco años. Cultivos como el olivar y el cereal han cedido espacio a filas de placas fotovoltaicas.
No obstante, el impacto económico no es negativo en términos netos:
- El municipio recibe 20 millones de euros anuales en ingresos fiscales y cánones.
- Se han creado más de 1.200 empleos directos e indirectos, principalmente en instalación y mantenimiento.
- Los arrendamientos han elevado la renta media de los propietarios rurales en un 340 % desde 2021.
Pero hay costes ocultos: pérdida de biodiversidad del suelo, reducción de la soberanía alimentaria y presión sobre los acuíferos por el cambio en la gestión del agua.
La brecha entre rentabilidad y sostenibilidad
Un agricultor de 22 años en Carmona afirma: “Arrendar es una solución inmediata, pero no sabemos si dentro de 20 años podremos volver a cultivar”. Su preocupación refleja un debate nacional: ¿es compatible la transición energética con la resiliencia agraria?
Estudios del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) advierten que la instalación sin criterios agrovoltaicos reduce la fertilidad del suelo hasta en un 40 % tras su desmontaje.
¿Qué dice la normativa actual sobre el uso dual de tierras?
La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, promueve el uso dual, pero carece de definiciones técnicas vinculantes. El Real Decreto 413/2014, modificado en 2023, exige que los proyectos solares demuestren “no afectación significativa a la SAU”, sin especificar umbrales cuantitativos.
En 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una guía no vinculante sobre agrovoltaica, que recomienda dejar al menos el 60 % del suelo libre para cultivo y usar estructuras elevadas. Solo el 12 % de los proyectos aprobados en Andalucía cumplen estos criterios.
El papel de la Unión Europea
La Directiva Europea de Energías Renovables (RED III) exige que los Estados miembros prioricen suelos no productivos. España figura entre los tres países con mayor tasa de conversión de tierras agrícolas a solares —junto a Italia y Rumanía—, lo que ha activado alertas en la Comisión Europea.
¿Qué futuro tiene la agricultura en zonas con alta densidad solar?
El modelo de Carmona no es replicable sin controles. Expertos del Centro de Estudios Económicos del Sector Agrario (CEESAG) proponen tres líneas de acción:
- Establecer zonas de exclusión agrícola para instalaciones solares en tierras de alta calidad (clase A y B según el Mapa de Aptitud Agrícola del MAGRAMA).
- Incentivar fiscalmente la agrovoltaica certificada, con exigencias mínimas de producción agrícola y biodiversidad.
- Crear un fondo de reconversión agraria, financiado con un 1,5 % de los ingresos de los parques solares, para apoyar la formación y modernización de explotaciones.
Datos Clave
- Los arrendamientos por placas solares alcanzan hasta 1.900 €/ha/año, frente a 100 €/ha/año en cultivos extensivos.
- Carmona ha atraído 2.000 millones de euros en inversión solar desde 2022.
- La superficie agrícola ha disminuido entre un 20 % y un 30 %, según datos del Catastro y la Junta de Andalucía.
- Menos del 12 % de los proyectos solares en Andalucía cumplen las recomendaciones de agrovoltaica de la UE.
- La Ley 7/2021 no define umbrales legales para la compatibilidad agrícola-energética.
El contexto actual exige equilibrar la urgencia climática con la estabilidad del campo. La inversión en placas solares no debe traducirse en la desaparición del agricultor en España, sino en su reinvención. La economía rural necesita reglas claras, no solo rentabilidad inmediata.
