España celebra su segunda estrella mundial, pero en paralelo, la justicia avanza en el caso Plus Ultra, donde emergen revelaciones clave sobre decisiones públicas, financiación estatal y responsabilidades políticas. El testaferro Julio Martínez Martínez (‘Julito’) ha entregado un escrito al juez José Luis Calama, confirmando que José Luis Rodríguez Zapatero le informó con antelación del rescate de la aerolínea por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este testimonio reabre el debate sobre transparencia, control parlamentario y uso de fondos públicos en crisis sectoriales.
¿Quién es Julito Martínez y qué reveló en su escrito al juez?
Julio Martínez Martínez actuó como intermediario entre Zapatero y Plus Ultra. Su escrito, fechado el 20 de julio de 2026, es una colaboración formal con la investigación. Afirma que no conocía la existencia de Plus Ultra hasta que Zapatero le mencionó la llamada inminente de la aerolínea en mayo de 2020.
Esto contradice versiones previas que sugerían una implicación temprana de Martínez en la estructura accionarial. Además, detalla que mantuvo a Zapatero informado paso a paso sobre todas las gestiones para conseguir financiación pública.
El rol de la SEPI en rescates estratégicos
La SEPI no es un organismo de libre disposición. Su intervención requiere informes técnicos, aval del Ministerio de Hacienda y, en muchos casos, autorización del Consejo de Ministros. El rescate de Plus Ultra se enmarca en la política de salvaguarda de empresas estratégicas tras la crisis de la pandemia.
Sin embargo, el escrito de Martínez plantea dudas sobre si se respetaron los plazos y protocolos legales. No hay constancia pública de que el Consejo de Ministros aprobara formalmente la operación antes de su ejecución.
¿Qué implica legalmente que Zapatero haya anticipado el rescate?
Anticipar una decisión pública antes de su aprobación oficial puede vulnerar el principio de reserva de los asuntos pendientes de resolución. El artículo 131 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exige que los actos de gestión pública se realicen con transparencia, pero también con lealtad institucional y respeto al procedimiento.
Si Zapatero, como exmandatario, tuvo acceso privilegiado a información clasificada o en trámite, su comunicación a un tercero —aunque sea un colaborador de confianza— podría configurar una falta de deber de reserva.
La figura del testaferro y su responsabilidad jurídica
Martínez no es un mero asesor. Su condición de testaferro implica que actuó en nombre ajeno, asumiendo riesgos legales y fiscales. La Ley de Blanqueo de Capitales (10/2010) y la Ley de Transparencia (19/2013) exigen identificación real de beneficiarios efectivos. Su colaboración ahora podría mitigar su responsabilidad, pero no exime de investigar su papel en la estructura societaria.
¿Cuál es el impacto económico del rescate de Plus Ultra?
El rescate implicó una inyección de 120 millones de euros por parte de la SEPI, según fuentes del Ministerio de Transportes. Plus Ultra operaba rutas a Latinoamérica y África, con una flota de 7 aviones. Su quiebra hubiera afectado a más de 1.200 empleos directos y a decenas de pymes del sector aeronáutico.
No obstante, el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 2025 señaló que el plan de viabilidad presentado por la aerolínea carecía de proyecciones realistas. El retorno de la inversión estatal sigue sin concretarse: en 2026, Plus Ultra aún no ha devuelto ni el 15 % del capital recibido.
El marco regulatorio de los rescates estatales
Los rescates mediante la SEPI deben alinearse con el Reglamento (UE) 2021/2280, que exige que las ayudas estatales no distorsionen la competencia. La Comisión Europea autorizó la operación bajo la figura de ayuda de minimis, pero con condiciones estrictas: reestructuración real, reducción de costes y compromiso de no repetición de pérdidas.
Hasta la fecha, no se ha publicado evaluación independiente del cumplimiento de esas condiciones.
¿Qué dice la justicia sobre la colaboración de Julito Martínez?
La comparecencia de Martínez como investigado está prevista para agosto de 2026. Su escrito no es una confesión, sino una colaboración procesal anticipada, figura regulada en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Puede reducir su pena si aporta información esencial y verificable.
Sin embargo, el juez Calama ya ha requerido documentación a Hacienda, la SEPI y el Ministerio de Transportes para contrastar las afirmaciones de Martínez. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una línea paralela para investigar posibles delitos contra la Hacienda Pública y prevaricación.
Datos Clave
- Julito Martínez afirma que Zapatero le informó del rescate antes de su aprobación oficial.
- La SEPI destinó 120 millones de euros a Plus Ultra en 2020, sin informe público de viabilidad actualizado.
- El rescate se amparó en la figura de ayuda de minimis, pero no se ha verificado su cumplimiento real.
- Martínez actuó como testaferro, lo que implica responsabilidad directa en la identificación de beneficiarios efectivos.
- El juez Calama ha solicitado documentación a tres ministerios y a la IGAE para contrastar los hechos.
El caso Plus Ultra ya no es solo un asunto aeronáutico. Es un termómetro de gobernanza pública, donde se cruzan decisiones estratégicas, marcos legales europeos y exigencias de rendición de cuentas. Mientras España celebra en las calles, los tribunales examinan qué se decidió, quién lo supo y cuándo se supo.
