La plaza de La Misericordia en Zaragoza enfrenta una incertidumbre sin precedentes para la Feria Taurina 2026. Más de 1,2 millones de personas dependen directa o indirectamente de su actividad. La Diputación Provincial ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para evitar su paralización. Sin vaquillas ni corridas, los bares del entorno perderían hasta el 40 % de sus ingresos estivales. La tradición taurina no solo es cultural: es un eje económico local con impacto en empleo, hostelería y turismo.
¿Por qué se ha anulado dos veces el concurso para gestionar la plaza?
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha anulado dos veces el pliego de condiciones. La primera vez, en febrero de 2026, por incluir cláusulas técnicas sobre calidad de los festejos, número de corridas y precios de abonos. Estas condiciones transformaban el contrato en un acto de regulación pública, no en una mera concesión de servicios.
La segunda anulación se produjo porque el nuevo pliego reproducía el mismo esquema. Las empresas Tauroemoción y Nautalia impugnaron el concurso alegando que se configuraba como un contrato patrimonial, no como una concesión. Eso viola la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre competencias municipales y provinciales.
¿Qué dice la normativa sobre concesiones taurinas?
La gestión de plazas de toros está sujeta a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. No puede usarse para imponer condiciones de contenido artístico o ético. La Diputación puede conceder la explotación, pero no regular el arte taurino. Cualquier intento de hacerlo genera nulidad de pleno derecho.
¿Cuál es el impacto económico real de la paralización?
La Feria Taurina genera más de 18 millones de euros en ingresos directos e indirectos anuales. Abarca 120 puestos de trabajo estables y 350 temporales. Los bares del entorno de la plaza facturan un 35 % de sus ingresos anuales en siete días. La ausencia de vaquillas afecta también a proveedores de forraje, transporte, veterinarios y artesanos de trajes y capotes.
¿Qué opciones legales tiene la Diputación ahora?
La Diputación ha solicitado medidas cautelares al TSJA para seguir operando mientras se resuelve el fondo del litigio. Esto es posible bajo el artículo 131 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pero el tribunal exigirá garantías de que el nuevo pliego no repita los errores anteriores.
¿Qué pasa si no se aprueba una nueva concesión a tiempo?
Si el TSJA deniega las medidas cautelares o el nuevo pliego vuelve a ser anulado, la plaza entrará en régimen de gestión directa provisional. Eso implica que la Diputación asumiría los costes operativos sin ingresos por taquilla. El déficit estimado sería de 2,3 millones de euros en 2026.
¿Cómo afecta esto a los profesionales del sector?
Más de 80 toreros, 45 picadores, 60 banderilleros, 22 veterinarios especializados y 15 empresas de logística taurina tienen su actividad vinculada a La Misericordia. La incertidumbre ya ha provocado retrasos en contratos y cancelaciones de seguros de responsabilidad civil. Algunos profesionales han iniciado trámites para solicitar prestaciones por cese de actividad ante la Seguridad Social.
Datos Clave
- El 78 % de los ingresos de los bares del entorno provienen de la Feria Taurina.
- La plaza de La Misericordia es la única de Aragón con concesión provincial, no municipal.
- El Tacpa ha emitido 3 resoluciones vinculantes sobre contratos taurinos desde 2024.
- La nulidad del pliego no afecta a la legalidad de los festejos, sino al modelo de gestión pública.
- La Diputación debe presentar un nuevo pliego en menos de 45 días para evitar la gestión directa.
El conflicto va más allá de la tauromaquia: es un caso de prueba para la separación entre regulación y concesión en el sector público. La resolución del TSJA marcará un precedente para otras plazas en Castilla-La Mancha, Andalucía y Valencia. Mientras tanto, los bares cierran sus persianas más temprano y los toreros revisan sus agendas. La tradición no se detiene, pero su sostenibilidad depende ahora de un fallo judicial.
