El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela irregularidades graves en la adjudicación de un contrato de Red.es a Juan Carlos Barrabés por más de 4 millones de euros. La entidad pública omitió deliberadamente que el empresario no cumplía un requisito esencial: la presentación del Libro Blanco. Cuatro correos internos prueban la intención de ocultar esa falta al resto de licitadores. La Fiscalía Europea y la Guardia Civil investigan ahora tres contratos vinculados a Barrabés, algunos respaldados por cartas firmadas por Begoña Gómez.
¿Qué irregularidades detectó la UCO en el contrato de Red.es?
La UCO identificó una omisión intencionada en el proceso de valoración técnica. Red.es no exigió ni verificó la entrega del Libro Blanco, documento obligatorio según las bases de la licitación. Ese requisito era excluyente: su ausencia debía descalificar automáticamente la oferta.
El informe señala que el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto Cuerdo, firmó los informes de valoración de los tres contratos investigados. Actualmente está imputado por esos hechos.
Correos internos como prueba clave
Los mensajes electrónicos recuperados muestran coordinación para excluir del análisis comparativo la falta del documento. Uno de ellos dice: «No lo incluyamos en la valoración global para no perjudicar la oferta». Esa decisión viola el principio de igualdad de condiciones entre licitadores.
¿Qué papel tuvieron las cartas de Begoña Gómez?
Varias adjudicaciones a empresas de Barrabés contaron con cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Esas cartas no tenían valor legal ni competencia institucional, pero sí peso simbólico. La Fiscalía Europea investiga si su uso buscó influir en la percepción de solvencia técnica o reputacional de las ofertas.
¿Qué dice la normativa sobre cartas de apoyo?
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de contratos del sector público, solo los documentos técnicos y económicos aportados formalmente en la oferta son evaluables. Las cartas externas no pueden ser consideradas ni valoradas. Su inclusión, aunque no vinculante, puede configurar infracción de transparencia.
¿Cuál es el impacto económico y legal de estos contratos?
Los tres contratos suman más de 9,2 millones de euros en fondos públicos. Su irregular adjudicación afecta la confianza en la contratación digital del Estado. Además, genera riesgo de reclamación de daños al erario, según el Tribunal de Cuentas.
El caso se enmarca en la revisión de contratos financiados con fondos NextGenerationEU, donde la condicionalidad europea exige trazabilidad y control riguroso. Cualquier incumplimiento puede derivar en la devolución de ayudas.
¿Qué sanciones son posibles?
- Nulidad de pleno derecho del contrato, según el artículo 101.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Inhabilitación administrativa para contratar con el Estado, hasta 5 años.
- Responsabilidad penal por prevaricación, fraude o tráfico de influencias.
¿Qué dice el marco legal sobre la evaluación de ofertas?
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, exige que la valoración sea objetiva, transparente y documentada. Cualquier desviación de los criterios publicados es nula de pleno derecho. El informe de la UCO concluye que Red.es actuó con falta de imparcialidad y ausencia de control interno.
Datos Clave
- El contrato investigado fue adjudicado en 2021, por 4,1 millones de euros.
- El Libro Blanco era un requisito excluyente, no meramente formal.
- Luis Prieto Cuerdo, exdirector de Economía Digital de Red.es, está imputado.
- La Fiscalía Europea lidera la investigación por posible fraude a fondos comunitarios.
- Las cartas de Begoña Gómez carecían de valor jurídico, pero se usaron como aval informal.
- El caso forma parte de una auditoría ampliada sobre contratación digital en 2022–2024.
El caso Barrabés no es aislado. Refleja fallos sistémicos en los controles de adjudicación electrónica, especialmente en entidades con alta dependencia de fondos europeos. La transparencia en la evaluación técnica, la separación entre influencia y competencia y la rendición de cuentas en tiempo real son ahora exigencias legales, no solo éticas. La confianza ciudadana en la digitalización del Estado depende de que los procesos sean auditables, no solo automatizados.
