El hotel Algarrobico sigue en pie tras 23 años de litigios, paralización y promesas incumplidas. La Junta de Andalucía ha perdido la paciencia: tras el aplazamiento del Pleno en Carboneras por cinco concejales del PSOE y uno no adscrito, el Gobierno andaluz activará la vía judicial supletoria ante el TSJA. La licencia de 2003 ya fue declarada nula en sentencia firme, pero la inacción política mantiene el edificio ilegal en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
¿Qué pasó en el Pleno de Carboneras que paralizó la demolición del Algarrobico?
El 15 de junio de 2026, el Ayuntamiento de Carboneras debía votar la anulación definitiva de la licencia de obras del Algarrobico. En lugar de ello, cinco ediles socialistas y uno no adscrito aprobaron una moción para aplazar el Pleno. No hubo debate técnico ni informe nuevo. Solo dilación.
Esta decisión rompe el consenso previo entre el Gobierno andaluz y el PSOE local. También contradice el dictamen vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, que confirmó la nulidad de pleno derecho de la licencia.
El PSOE de Almería abre expediente a sus propios concejales
El Comité Federal del PSOE de Almería ha abierto un expediente disciplinario a los cinco ediles responsables del aplazamiento. La decisión se basa en la violación de la disciplina de voto y el incumplimiento de acuerdos de grupo. No es la primera vez que el partido sanciona a cargos locales por desviaciones en asuntos ambientales.
¿Por qué el Algarrobico sigue siendo un caso emblemático de impunidad ambiental?
El hotel fue construido en 2003 sin Declaración de Impacto Ambiental y sin autorización del Consejo de Gobierno de la Junta. Su ubicación viola la Ley 2/2007 de Protección del Medio Natural de Andalucía, que prohíbe edificaciones en zonas de especial protección.
A pesar de una sentencia firme del TSJA en 2016, que anuló la licencia por vicios de forma y fondo, el edificio no ha sido demolido. La inacción administrativa se ha convertido en un precedente peligroso para otros proyectos ilegales en espacios protegidos.
El impacto económico del estancamiento
El Algarrobico ha generado costes directos de más de 4,2 millones de euros en litigios, peritajes y multas acumuladas. Además, el Ayuntamiento de Carboneras ha dejado de percibir ingresos por sanciones impagadas y ha perdido fondos europeos para restauración costera. El parque natural pierde valor turístico y ecológico cada año que el edificio permanece.
¿Qué herramientas legales tiene la Junta de Andalucía para forzar la demolición?
La Junta ya no espera al Ayuntamiento. Activará el artículo 105 de la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía, que permite la sustitución supletoria cuando un ente local incumple obligaciones legales. El TSJA será requerido para declarar la nulidad de oficio y ordenar la demolición.
Este mecanismo ya se usó con éxito en el caso del Hotel El Rompido (Huelva) en 2022. La diferencia clave: allí no hubo bloqueo político interno.
El marco europeo como presión adicional
La Comisión Europea sigue el caso desde 2019 por infracción de la Directiva Hábitats (92/43/CEE). Un nuevo informe de la DG ENV, previsto para julio de 2026, podría derivar en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE, con multas diarias de hasta 320.000 euros.
¿Qué dice la opinión pública y la sociedad civil?
Greenpeace, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción han denunciado públicamente la “parálisis deliberada”. En Carboneras, el 78 % de los vecinos consultados en una encuesta de la Universidad de Almería (junio 2026) apoya la demolición inmediata. Solo el 9 % considera que el edificio debe conservarse como “patrimonio industrial”.
- El TSJA ya declaró nula la licencia de 2003 en sentencia firme de 2016
- El Consejo Consultivo de Andalucía emitió dictamen vinculante en 2025 confirmando la nulidad de pleno derecho
- La Junta de Andalucía activará la sustitución supletoria ante el TSJA si el Ayuntamiento no actúa en 15 días
- El PSOE de Almería ha abierto expediente disciplinario a cinco concejales por bloqueo del Pleno
- La Comisión Europea podría interponer demanda ante el TJUE antes de septiembre de 2026
Datos Clave
- El Algarrobico ocupa 12.400 m² en zona de protección integral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
- La licencia de 2003 careció de Declaración de Impacto Ambiental y de informe del Consejo de Gobierno de la Junta
- El coste acumulado de impunidad supera los 4,2 millones de euros, según la Intervención General de la Junta
- El caso está incluido en el informe anual de la Red Europea de Fiscalías Ambientales (ENPE) desde 2021
