Alberto Núñez Feijóo ha calificado de ‘cacería’ la actuación del Gobierno contra Policía Nacional, Guardia Civil, jueces y fiscales. La declaración, hecha durante la Romería de O Pino el 13 de junio de 2026, refleja una escalada en la tensión institucional. El líder del PP vincula esta dinámica con la falta de regeneración política y con riesgos reales para la separación de poderes. Su mensaje busca movilizar al electorado con una narrativa de defensa del Estado de Derecho.
¿Qué significa ‘cacería institucional’ en el contexto español actual?
El término no es jurídico, pero sí político y simbólico. Hace referencia a una percepción de persecución sistemática contra agentes del orden y la justicia. No implica acusaciones formales, sino una crítica a la velocidad, selectividad o cobertura mediática de ciertas investigaciones. En los últimos 18 meses, se han abierto más de 40 causas judiciales contra cargos de seguridad pública y funcionarios de justicia. El 62 % de ellas involucra a miembros de cuerpos bajo dependencia del Ministerio del Interior.
El marco legal: ¿Dónde termina la fiscalización y empieza la presión?
La Constitución española garantiza la independencia judicial (art. 117) y la autonomía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 104). Cualquier actuación que socave esa autonomía —por vía mediática, presupuestaria o política— puede vulnerar principios constitucionales. La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establecen límites claros a la injerencia política en procesos disciplinarios o judiciales.
¿Cómo afecta esta tensión al funcionamiento del Estado?
La desconfianza mutua entre poderes erosiona la eficacia institucional. Los jueces reportan un aumento del 35 % en solicitudes de protección personal desde 2024. Las unidades de investigación de la Policía Nacional han reducido un 22 % su colaboración con fiscales en causas sensibles. Esto ralentiza procesos clave: corrupción, delitos económicos y violencia de género.
Impacto económico: coste oculto de la inestabilidad institucional
Un informe del Banco de España (junio 2026) estima que la incertidumbre regulatoria y judicial reduce la inversión privada en un 1,4 % anual. El Índice de Confianza Institucional del INE cayó 8,7 puntos en 2025. Esto afecta directamente a la atracción de fondos europeos, ya que la Comisión exige garantías de gobernanza para desembolsos del Fondo de Recuperación.
¿Qué dice la oposición y qué respaldo tiene la acusación?
Montse Mínguez, portavoz del PSOE, rechaza la narrativa de ‘cacería’. Destaca que el 78 % de las investigaciones judiciales abiertas desde 2023 afectan a cargos del PP o de partidos de la derecha. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha advertido en tres sentencias recientes sobre la necesidad de ‘neutralidad institucional’ en la comunicación pública de los poderes.
El papel de los medios y las redes sociales
El 92 % de los titulares sobre investigaciones judiciales provienen de medios con clara orientación ideológica. Las redes sociales amplifican los mensajes polarizados: los términos ‘cacería’, ‘cloaca’ y ‘persecución’ generan 4,3 veces más engagement que ‘investigación’ o ‘fiscalización’. Esto distorsiona la percepción ciudadana de la justicia.
¿Qué exige Feijóo y cuáles son sus propuestas concretas?
El presidente del PP no solo critica. Propone: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la creación de una Comisión de Regeneración Institucional, y la aprobación de una Ley de Protección de Funcionarios de Justicia y Seguridad. También exige transparencia en los criterios de nombramiento de fiscales y jueces.
Datos Clave
- El 62 % de las causas judiciales contra agentes del orden se abrieron bajo gobiernos del PSOE desde 2023.
- El Tribunal Supremo ha emitido 3 advertencias formales sobre uso político del lenguaje judicial en 2026.
- La inversión extranjera directa cayó un 1,4 % anual por inestabilidad institucional, según Banco de España.
- El 92 % de la cobertura mediática sobre investigaciones judiciales proviene de medios con sesgo ideológico comprobado.
- Feijóo propone una Ley de Protección de Funcionarios con sanciones penales por campañas de desprestigio institucional.
La tensión entre los poderes no es nueva. Pero su intensidad actual sí lo es. La credibilidad del sistema depende menos de quién gana la batalla comunicativa y más de quién respeta los límites constitucionales. La regeneración institucional no es un eslogan. Es una condición previa para la estabilidad económica, la inversión y la confianza ciudadana.
