El Tribunal Supremo ha activado un procedimiento judicial contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez. El juez Manuel Marchena ha solicitado formalmente al Parlamento Europeo el suplicatorio para investigar presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. El caso marca un hito en la aplicación de la inmunidad parlamentaria en el ámbito europeo.
¿Qué es un suplicatorio y por qué lo ha pedido el Tribunal Supremo?
Un suplicatorio es una solicitud formal para levantar la inmunidad parlamentaria de un cargo electo. Sin ella, no puede iniciarse una investigación penal contra el diputado.
El juez Marchena fundamenta su petición en conductas públicas y privadas atribuidas a Alvise Pérez. Entre ellas, la instigación a sus seguidores para perseguir y presionar a dos eurodiputados con los que rompió tras las elecciones europeas de 2024.
La acusación señala que Alvise difundió información privada de los afectados. Eso podría constituir revelación de secretos, delito tipificado en el Código Penal español.
¿Qué delitos se investigan específicamente?
El caso se centra en dos figuras penales clave:
Acoso sistemático
Alvise publicó mensajes en redes sociales instando a sus seguidores a identificar y acosar a los eurodiputados. Esa conducta puede calificarse como acoso colectivo, figura reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 2022.
Revelación de secretos
Se investiga la difusión no autorizada de datos personales y comunicaciones privadas. El artículo 197 del Código Penal castiga con hasta cuatro años de prisión esta conducta.
¿Qué papel tiene el Parlamento Europeo en este proceso?
El Parlamento Europeo debe decidir, por mayoría absoluta, si levanta la inmunidad de Alvise Pérez. Ya lo hizo en abril de 2026 en un caso previo de acoso, lo que refuerza la posibilidad de una nueva autorización.
La decisión no es automática. Depende de la gravedad de los hechos y del cumplimiento de los requisitos procesales. El plazo para responder suele ser de 30 días hábiles.
¿Qué consecuencias tiene para la carrera política de Alvise?
Una vez levantada la inmunidad, el juez puede citar, interrogar y practicar pruebas. Si prospera la investigación, podría derivar en imputación formal, procesamiento e incluso encausamiento.
Además, el caso afecta su credibilidad ante los electores. El Partido Popular Europeo ya ha expresado su preocupación pública. El impacto económico incluye posibles multas, costes legales y pérdida de financiación parlamentaria por incompatibilidad ética.
Datos Clave
- El suplicatorio es el primer paso legal para investigar a un eurodiputado con inmunidad.
- Alvise Pérez ya perdió la inmunidad una vez en abril de 2026 por un caso similar.
- El juez Manuel Marchena lidera la investigación desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- La revelación de secretos puede acarrear hasta 4 años de prisión según el Código Penal.
- El Parlamento Europeo decide por mayoría absoluta si levanta o no la inmunidad.
El marco legal actual exige equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas de los cargos electos. La UE ha reforzado en 2025 los protocolos de conducta ética para eurodiputados. Esto incluye sanciones administrativas y la posibilidad de expulsión del grupo político. El caso Alvise Pérez se inscribe en esa nueva línea de exigencia institucional. Su resolución influirá en futuras demandas contra parlamentarios en redes sociales. La economía del caso también es relevante: los costes procesales recaen sobre el Estado, y la reputación del grupo político afecta su capacidad de captación de fondos europeos. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ya ha sentado que la inmunidad no protege actos ajenos al ejercicio del mandato.
