La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha destapado la actividad ilegal de una mujer de 36 años que realizaba tratamientos estéticos sin la debida autorización en la provincia de Valencia. Esta operación, conocida como «Zubar», se inició tras una denuncia presentada en marzo por una profesional del sector sanitario, quien alertó sobre la práctica de una persona que ofrecía tratamientos estéticos en una peluquería de Sueca sin ningún tipo de control sanitario.
Los agentes de la Guardia Civil comenzaron a investigar y descubrieron que la mujer, que se presentaba como doctora, estaba realizando una variedad de tratamientos estéticos, incluyendo aumento de labios, rinomodelación y aplicaciones de toxina botulínica, en varios centros de la provincia y, en algunos casos, en su propio domicilio. A través de sus redes sociales, la investigada promovía los tratamientos que realizaba, lo que facilitó a los agentes localizar los establecimientos donde operaba.
### Actividades y métodos de la investigada
La investigación reveló que la mujer había obtenido su título en odontología en una universidad privada, lo que no le otorgaba la capacidad legal para realizar tratamientos estéticos, que están reservados exclusivamente a médicos especialistas en medicina estética. Esta información fue corroborada por las autoridades sanitarias y los colegios profesionales correspondientes, quienes confirmaron que la práctica de estos tratamientos sin la debida formación y autorización es un delito de intrusismo profesional.
Los testimonios de las clientas y de los centros donde la investigada trabajaba indicaron que había realizado cientos de tratamientos estéticos. Se registraron al menos 80 clientas en los centros, con más de 180 tratamientos de toxina botulínica y ácido hialurónico documentados y firmados por la supuesta doctora. Algunas clientas incluso se sometieron a estos procedimientos en el domicilio de la investigada, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la higiene de los tratamientos realizados.
Además, se constató que muchos de los centros donde la mujer ofrecía sus servicios no contaban con la licencia administrativa necesaria, emitida por la conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, para realizar tratamientos estéticos. Estos establecimientos carecían de sistemas adecuados para la conservación de productos y no cumplían con las normativas de gestión de residuos biológicos, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes.
### Consecuencias legales y recomendaciones
Como resultado de estas investigaciones, la Guardia Civil ha procedido a investigar a la mujer por varios delitos, incluyendo intrusismo profesional, delitos contra la salud pública por la suministración de medicamentos y falsedad documental. La falta de trazabilidad y legalidad en la adquisición de los productos utilizados para los tratamientos también ha sido un punto crítico en la investigación, ya que se presume que fueron obtenidos de manera ilegal.
Las autoridades han hecho un llamado a la población para que se asesoren adecuadamente antes de someterse a cualquier tratamiento estético. Es fundamental que los usuarios verifiquen que los profesionales que realizan estos procedimientos estén debidamente cualificados y cuenten con las licencias necesarias. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada puede tener consecuencias graves para la salud, incluso poniendo en riesgo la vida de los pacientes.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca, y se espera que se tomen medidas más severas para prevenir este tipo de prácticas ilegales en el futuro. La situación pone de manifiesto la importancia de la regulación en el sector de la estética y la necesidad de que los pacientes sean conscientes de los riesgos asociados a tratamientos realizados por personas no cualificadas.
