La ley 20/2021, aprobada el 28 de diciembre de 2021, tenía como objetivo reducir la temporalidad en el empleo público en España, estableciendo un límite del 8% para la tasa de temporalidad estructural en las Administraciones Públicas. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha límite de 2025, los datos revelan un panorama preocupante en la Generalitat Valenciana, donde la tasa de temporalidad ha superado ampliamente este umbral. Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, a finales de 2024, el 51,1% de los empleados públicos de la Generalitat eran temporales, lo que representa más de seis veces el objetivo establecido por la ley.
### La Realidad de la Temporalidad en la Generalitat
El informe de la Sindicatura de Comptes destaca que, de las 168,563 personas empleadas en la Generalitat, 86,202 eran temporales. Este dato es alarmante, especialmente en el sector de la Sanidad, donde la temporalidad alcanza un 72,4%. Esta cifra ha ido en aumento desde la entrada en vigor de la ley, que buscaba precisamente lo contrario. En 2021, la tasa de temporalidad en Sanidad era del 67%, en 2022 del 69,2% y en 2023 del 71,6%. La conselleria de Sanidad justifica esta alta temporalidad por la necesidad de cubrir ausencias de profesionales, una situación que se ha visto agravada por la pandemia y el aumento de jubilaciones anticipadas.
En otros sectores, como la educación y la justicia, la situación también es preocupante. La tasa de interinidad en el personal docente es del 30,9%, mientras que en el ámbito de la justicia se sitúa en el 35,1%. Aunque estas cifras son inferiores a la media general, aún están muy lejos del objetivo del 8% establecido por la normativa. Es importante señalar que, en el momento de la elaboración del informe, muchos procesos de estabilización estaban en curso, lo que significa que los datos podrían no reflejar la situación actual de manera precisa. Los resultados finales de estos procesos se conocerán en 2025 o incluso en 2026.
### Causas y Consecuencias de la Alta Temporalidad
La persistente alta tasa de temporalidad en la Generalitat Valenciana se debe a varios factores. Uno de los principales problemas es que los límites de la tasa de reposición no permiten cubrir las necesidades reales de la administración, especialmente en un contexto donde las jubilaciones son cada vez más frecuentes. Las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que se han convocado no han sido suficientes para satisfacer la demanda de personal, lo que ha llevado a un aumento en la contratación de interinos.
A pesar de que la ley de 2021 podría contribuir a reducir la interinidad estructural, es poco probable que logre disminuir la temporalidad global. En el plan estratégico de recursos humanos 2024-2027 de la Administración de la Generalitat, se reconoce que la temporalidad en la función pública ha aumentado un 108% en la última década, pasando del 35,3% al 55%. Este incremento ha llevado al gobierno a considerar medidas drásticas, como la unificación de exámenes de oposiciones, con el fin de evitar que los aspirantes obtengan múltiples puestos y, por ende, que se dejen vacantes que deben ser cubiertas por interinos.
Sin embargo, estas propuestas han encontrado resistencia por parte de los sindicatos, lo que ha llevado a que algunas de estas iniciativas queden en el olvido. A pesar de las cifras alarmantes de interinidad, la Generalitat se ha fijado metas ambiciosas para reducir la temporalidad. En una reciente entrevista, el director general de Función Pública, Javier Lorente, expresó su intención de reducir los índices de temporalidad a entre un 13% y un 15% para 2024, y alcanzar el objetivo del 8% para 2025. Sin embargo, estos objetivos parecen cada vez más difíciles de alcanzar, dado el contexto actual.
La situación de la temporalidad en el empleo público en la Generalitat Valenciana es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas administraciones en España. La falta de personal estable no solo afecta la calidad del servicio público, sino que también genera incertidumbre y precariedad laboral entre los trabajadores. La necesidad de abordar esta cuestión de manera efectiva es urgente, ya que la estabilidad en el empleo público es fundamental para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía. A medida que se acerca la fecha límite de 2025, será crucial observar cómo se desarrollan los procesos de estabilización y si realmente se logran los objetivos planteados por la ley de 2021.
