La reciente fiscalización de la Generalitat ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades en las concesiones sanitarias en la Comunidad Valenciana, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Un informe de la Sindicatura de Comptes ha señalado que las empresas concesionarias podrían haber obtenido beneficios extraordinarios debido a una sobreestimación de la cápita, es decir, la cantidad que la conselleria paga a estas empresas por la gestión de la sanidad. Este hallazgo ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos en el sector sanitario.
### Impacto de la Pandemia en las Liquidaciones Sanitarias
El informe revela que durante los años 2020 y 2021, las empresas concesionarias experimentaron un aumento significativo en la cápita que recibían por parte de la conselleria. Este incremento ha llevado a una situación donde las liquidaciones, que normalmente favorecen a la administración, han comenzado a inclinarse a favor de las concesionarias. En particular, se ha destacado el caso de las áreas de Dénia y Elx-Crevillent, donde las liquidaciones han resultado en saldos positivos para las empresas en lugar de la administración.
La Viceintervención general de la administración sanitaria ha expresado preocupaciones sobre la forma en que se han calculado estas liquidaciones. Según sus observaciones, las liquidaciones se han basado en un dictamen de 2012 que no considera adecuadamente los gastos extraordinarios derivados de la pandemia. Este enfoque podría llevar a un enriquecimiento injusto para las concesionarias, ya que los ajustes realizados en la cápita podrían consolidarse durante el resto del contrato y sus prórrogas.
La Sindicatura ha señalado que, a pesar de la inusual naturaleza de las liquidaciones, varias concesionarias no han presentado recursos contra las liquidaciones aprobadas en 2025, lo que resulta sorprendente. Esto podría indicar que las empresas están satisfechas con los ajustes realizados a su favor, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la relación entre la administración y las concesionarias.
### Falta de Supervisión y Auditorías
Otro aspecto crítico que ha salido a la luz es la falta de cumplimiento de las auditorías que deberían realizarse cada cinco años para verificar la rentabilidad de las concesiones. La cláusula 4.9 de los pliegos de concesión establece que estas auditorías son esenciales para asegurar que la tasa interna de rentabilidad no supere el 7,5% de las inversiones realizadas. Sin embargo, el informe indica que la conselleria no ha llevado a cabo estas auditorías en ninguno de los cinco contratos de concesión, lo que plantea serias dudas sobre la supervisión de la gestión de los recursos públicos.
Los responsables de la conselleria han afirmado que tienen la intención de realizar estas auditorías tras la aprobación de las liquidaciones pendientes, pero la falta de acción hasta ahora ha suscitado críticas. La ausencia de un control riguroso sobre la rentabilidad de las concesiones podría permitir que las empresas se beneficien de manera desproporcionada, especialmente en un contexto donde la salud pública es una prioridad.
La situación se complica aún más con la prórroga de la concesión de Elx-Crevillent, que se extendió hasta 2030 sin esperar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre la actualización de la cápita. Este hecho ha sido criticado por la Sindicatura, que advierte que esta decisión podría resultar en liquidaciones desfavorables para la administración en los próximos años.
### Reacciones y Consecuencias Políticas
La revelación de estos hallazgos ha provocado reacciones en el ámbito político. El PSPV ha exigido al Consell que explique lo que han calificado como un «pelotazo millonario» en las concesiones sanitarias durante la pandemia. La situación ha generado un clima de desconfianza hacia la gestión del Consell, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.
La controversia en torno a las concesiones sanitarias en la Comunidad Valenciana pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los contratos y de los mecanismos de control que se aplican a las empresas que gestionan servicios esenciales. La falta de supervisión y la posible sobreestimación de la cápita son cuestiones que deben abordarse urgentemente para garantizar que los recursos destinados a la salud pública se utilicen de manera efectiva y equitativa.
En un momento en que la confianza en las instituciones es crucial, la administración debe actuar con rapidez para aclarar estas irregularidades y restaurar la fe del público en la gestión de la sanidad pública. La situación actual no solo afecta a las empresas concesionarias, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos valencianos.
