La reciente ilegalización de la organización propalestina Palestine Action ha desatado una ola de protestas en el Reino Unido, donde miles de activistas han salido a las calles para expresar su rechazo a esta decisión del Gobierno laborista. Desde el 18 hasta el 29 de noviembre, el grupo Defend Our Juries ha convocado manifestaciones en más de veinte ciudades, buscando revertir lo que consideran una prohibición injusta y autoritaria. La situación ha escalado, con más de 2.000 detenciones desde la ilegalización en julio, de las cuales cerca de 250 han sido acusadas formalmente por mostrar apoyo a lo que el Gobierno califica como una organización terrorista.
La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, ha sido una voz destacada en estas manifestaciones, argumentando que la prohibición ha fracasado y que el Gobierno debe dar marcha atrás. «Esta ola de solidaridad se ha convertido en un acontecimiento histórico de desobediencia civil masiva. Cuando el pueblo se une, el cambio es inevitable», afirma Ammori, quien también destaca que la lucha por una Palestina liberada es un objetivo colectivo que trasciende la legalidad de la organización.
Los recientes arrestos, que han sumado cerca de 200 en las manifestaciones de esta semana, han tenido lugar en ciudades como Londres, Cardiff, Oxford y Newcastle. Sin embargo, estos actos de represión no han logrado silenciar a los activistas, quienes continúan alzando sus voces a pocos días de una vista judicial crucial. El Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido se pronunciará sobre el recurso presentado por Palestine Action contra su ilegalización, un evento que podría definir el futuro de la organización y de sus miembros, algunos de los cuales enfrentan severas penas de prisión por su participación en acciones directas.
Entre los casos más destacados se encuentra el de seis activistas que se enfrentan a cargos de robo con agravantes y disturbios violentos tras irrumpir en una fábrica de Elbit Systems, una empresa israelí de armamento, en agosto de 2024. Durante esta acción, los activistas rompieron material militar y lanzaron pintura roja en protesta por la colaboración del Gobierno británico con la compañía, que es uno de los principales proveedores de armamento a Israel. Algunos de estos acusados han estado en prisión preventiva durante más de un año y han iniciado una huelga de hambre para denunciar lo que consideran un abuso sistemático por parte de las autoridades penitenciarias.
«Hay seis presos por Palestina en su tercera semana de huelga de hambre indefinida. Su salud se está deteriorando, pero siguen comprometidos con utilizar todos los medios a su alcance para resistir la injusticia», señala Ammori. La activista critica la inacción del Estado, argumentando que este prioriza una «industria armamentística genocida extranjera» sobre las vidas de sus propios ciudadanos.
El debate sobre la libertad de expresión y el derecho a protestar ha cobrado fuerza en el Reino Unido a raíz de la ilegalización de Palestine Action. Figuras públicas como la escritora Sally Rooney y el cineasta Paul Laverty han expresado su apoyo a la organización, mientras que miles de simpatizantes esperan con expectación las decisiones del sistema judicial británico. Ammori enfatiza que, independientemente del resultado del recurso judicial, el poder reside en el pueblo. «Sea cual sea el resultado de la siguiente fase de la batalla legal, en cierto sentido el pueblo ya ha ganado, ya que ha demostrado que está en nuestro poder colectivo enfrentarnos a la injusticia».
La situación actual refleja un momento crítico en la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión en el Reino Unido. La respuesta del Gobierno a las manifestaciones y la decisión del Alto Tribunal sobre la ilegalización de Palestine Action no solo afectarán a la organización, sino que también sentarán un precedente sobre cómo se manejan las protestas y la disidencia en el país. La creciente presión social y la movilización de activistas sugieren que el debate sobre la justicia y la equidad en el contexto del conflicto palestino-israelí seguirá siendo un tema candente en la agenda pública británica.
