En una jornada marcada por la tensión judicial, el propietario del restaurante El Ventorro, Alfredo Romero, compareció ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra en los juzgados de Catarroja. Su testimonio se enmarca dentro de la investigación sobre la dana que causó 229 fallecimientos el 29 de octubre de 2024. La declaración de Romero es crucial, ya que se sitúa en el centro de un evento que ha suscitado gran interés público y político.
### Detalles de la Comparencia
Alfredo Romero llegó a los juzgados a las 9:30 de la mañana, donde se le esperaba para declarar sobre la comida que tuvo lugar en su restaurante entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana. Según su testimonio, ambos abandonaron el local entre las 18:30 y las 19:00 horas, justo en un momento crítico en el que se estaban produciendo múltiples llamadas de emergencia debido a la dana.
Romero confirmó que la reserva en su restaurante se realizó con antelación, aunque no pudo recordar quién la hizo. Durante su declaración, explicó que Mazón llegó solo y sin escoltas, y que fue atendido con un agua y algunas tapas. Vilaplana llegó poco después, y ambos permanecieron en el reservado del restaurante durante casi cuatro horas. El propietario también mencionó que, a pesar de que algunos clientes habían reportado problemas de cobertura telefónica, él no observó a Mazón usando su teléfono durante su estancia.
La jueza, al iniciar el interrogatorio, se centró en la posibilidad de que Mazón estuviera en contacto con otros miembros del gobierno durante su comida. Romero negó haber escuchado cualquier conversación relacionada con la dana, aunque Vilaplana había afirmado que Mazón se levantaba para atender llamadas. Este punto es crucial, ya que se investiga si el presidente estaba al tanto de la situación de emergencia mientras se encontraba en el restaurante.
### Implicaciones de la Declaración
La declaración de Romero no solo es relevante por lo que se refiere a la comida en El Ventorro, sino también por las implicaciones políticas que conlleva. La magistrada ha decidido citar a otros miembros del círculo cercano de Mazón, incluyendo a Juanfran Pérez Llorca, quien es considerado su mano derecha en el Partido Popular. La jueza busca esclarecer las comunicaciones que tuvieron lugar durante la tarde del 29 de octubre, cuando se activaron los protocolos de emergencia debido a la dana.
Pérez Llorca está programado para declarar más tarde, y su testimonio podría arrojar luz sobre las decisiones que se tomaron en el gobierno en un momento crítico. La jueza ha indicado que las comunicaciones entre Mazón, Pérez Llorca y la exconsellera Salomé Pradas son de particular interés, ya que podrían revelar si hubo una falta de acción o una respuesta inadecuada ante la emergencia.
Además, se ha mencionado que la factura de la comida no fue pagada en el momento, sino que fue facturada días después a través de una transferencia del Partido Popular. Este detalle ha suscitado preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde se investiga la respuesta del gobierno ante una crisis que resultó en numerosas víctimas.
La jueza también ha decidido citar a otros funcionarios de la Generalitat, lo que sugiere que la investigación se está ampliando para incluir a más actores en la toma de decisiones durante la crisis. Esto podría tener repercusiones significativas para el Partido Popular y su liderazgo en la Comunidad Valenciana, especialmente si se determina que hubo negligencia en la gestión de la emergencia.
La situación es compleja y está en desarrollo, con múltiples actores involucrados y un gran interés público en el desenlace de la investigación. La declaración de Alfredo Romero es solo una pieza del rompecabezas, pero su testimonio podría ser determinante para entender la dinámica de poder y responsabilidad en el gobierno valenciano durante uno de los momentos más críticos de la reciente historia de la región.
