En el contexto actual de la política penitenciaria en España, la situación de los presos de ETA ha generado un intenso debate. Con un total de 107 reclusos asociados a la banda terrorista, solo 40 de ellos permanecen en régimen cerrado. Esta cifra refleja un cambio significativo en la forma en que se gestionan las condenas de estos individuos, lo que ha suscitado tanto críticas como defensas por parte de diferentes sectores de la sociedad.
El acceso a la semilibertad para los reclusos de ETA se ha facilitado a través de la aplicación de terceros grados, una medida que permite a los presos salir de la cárcel bajo ciertas condiciones. Según la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), esta es la fórmula más común utilizada para que los reclusos accedan a un régimen menos restrictivo. En 2025, el Gobierno vasco ha aprobado alrededor de 20 progresiones, aunque algunas de estas decisiones han sido objeto de recursos por parte de la Fiscalía. En particular, la progresión de Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como ‘Gadafi’, fue revocada por la Audiencia Nacional, lo que pone de manifiesto la controversia que rodea a estos casos.
### Progresiones y Críticas a la Gestión Penitenciaria
La gestión de las progresiones de los presos de ETA ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones y partidos políticos. Covite, una asociación que se opone a la política de acercamiento y progresión de los presos de ETA, ha calificado estas medidas como «fraudulentas». Según su perspectiva, muchos de estos reclusos no han mostrado arrepentimiento por sus acciones y continúan siendo reivindicados por la izquierda abertzale. Esta percepción ha llevado a un aumento de la tensión entre diferentes grupos en la sociedad española, especialmente en el País Vasco.
El Gobierno vasco, por su parte, defiende que la mayoría de los reclusos se encuentran en la última fase de sus condenas, lo que justificaría la concesión de semilibertades. Sin embargo, la flexibilización del segundo grado, permitida por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, ha permitido que muchos presos salgan de la cárcel durante unas horas al día, lo que ha sido considerado por algunos como un paso previo hacia el tercer grado. Esta medida ha sido criticada por su naturaleza permisiva, ya que permite a los reclusos disfrutar de una mayor libertad antes de cumplir con todos los requisitos necesarios para acceder a la semilibertad.
Además, se ha observado un incremento en el uso de medidas telemáticas que permiten a los reclusos cumplir sus condenas fuera de los centros penitenciarios, siempre que no superen ciertos límites geográficos. Esta tendencia ha generado un debate sobre la eficacia y la ética de tales medidas, especialmente en el contexto de la gravedad de los crímenes cometidos por los miembros de ETA.
### La Reacción de la Sociedad y el Futuro de los Presos de ETA
La reacción de la sociedad ante la progresión de los presos de ETA ha sido variada. Mientras que algunos sectores apoyan la reinserción y la posibilidad de que estos individuos se reintegren en la sociedad, otros consideran que la política actual es demasiado indulgente. La percepción de que se están vaciando las cárceles de presos de ETA en un corto período de tiempo ha llevado a un aumento de la preocupación entre las víctimas del terrorismo y sus familias.
La asociación Dignidad y Justicia ha denunciado que las decisiones del Gobierno vasco, junto con las concesiones de progresiones de penas por la convalidación de condenas cumplidas en Francia, están contribuyendo a una situación en la que los presos de ETA podrían ser liberados antes de lo esperado. Esta situación ha sido interpretada por algunos como un intento de normalizar la presencia de estos individuos en la sociedad, lo que podría tener repercusiones en la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo.
El futuro de los presos de ETA y la política penitenciaria en España sigue siendo un tema candente. A medida que se continúan concediendo progresiones y se flexibilizan las condiciones de encarcelamiento, es probable que el debate sobre la justicia, la memoria y la reinserción social se intensifique. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán cruciales para definir no solo el destino de estos reclusos, sino también la forma en que la sociedad española aborda su pasado reciente y las heridas aún abiertas que dejó el terrorismo en el país.
