En un contexto político cada vez más tenso, el Partido Popular (PP) ha decidido llevar al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por no haber presentado los Presupuestos Generales del Estado. Esta acción se enmarca en una serie de movimientos estratégicos que buscan presionar al Ejecutivo y evidenciar lo que el PP considera una falta de cumplimiento de las obligaciones constitucionales. La situación se complica aún más al acercarse la fecha límite para la presentación de los presupuestos, que debería haberse realizado antes del 30 de septiembre, según lo estipulado en el artículo 134.3 de la Constitución.
### La Estrategia del PP: Un Conflicto de Atribuciones
El PP ha optado por plantear un conflicto de atribuciones, una herramienta legal que ha utilizado en varias ocasiones en el pasado para abordar diferentes contenciosos con el Gobierno. Este enfoque no solo busca que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la falta de presentación de los Presupuestos, sino que también pretende poner de relieve la incapacidad del Ejecutivo para cumplir con sus deberes legislativos. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado en repetidas ocasiones a Sánchez por no haber elaborado un proyecto de presupuestos, lo que, según él, es una muestra de la parálisis que afecta al Gobierno.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha manifestado que esta situación no puede continuar y ha subrayado que los presupuestos son una obligación constitucional, no una opción. La falta de presentación de las cuentas públicas, según el PP, impide al Senado ejercer su función de control sobre el Gobierno, lo que podría considerarse una anomalía democrática. Este conflicto de atribuciones será el séptimo que el PP presente en esta legislatura, lo que indica una estrategia bien definida para desafiar al Gobierno en múltiples frentes.
### La Respuesta del Gobierno y el Contexto Político
Por su parte, el Gobierno ha insistido en que cumplirá con su mandato constitucional y presentará un proyecto de presupuestos para 2026. Sin embargo, la realidad es que ya ha incumplido los plazos establecidos y la falta de apoyos en el Congreso plantea serias dudas sobre su capacidad para sacar adelante las cuentas públicas. La situación se complica aún más con la proximidad de la citación de Pedro Sánchez en la ‘comisión Koldo’, que investiga la corrupción, lo que podría desviar aún más su atención de la elaboración de los presupuestos.
El PP, consciente de esta debilidad, ha decidido actuar con rapidez. Si el Gobierno no responde a la solicitud de presentación de los Presupuestos en el plazo de un mes, el partido elevará el conflicto al Tribunal Constitucional. Este proceso, regulado por los artículos 73, 74 y 75 de la ley del Tribunal, podría llevar a una resolución en un plazo máximo de 30 días, lo que añade una presión adicional sobre el Ejecutivo.
La falta de un proyecto de presupuestos no solo afecta a la gestión del Gobierno, sino que también tiene repercusiones en la vida cotidiana de los ciudadanos. La incertidumbre económica generada por esta situación puede impactar en áreas clave como la sanidad, la educación y las infraestructuras, lo que podría traducirse en un descontento social creciente. El PP ha utilizado esta narrativa para reforzar su posición como partido de oposición, argumentando que la falta de presupuestos es un reflejo de la incapacidad del Gobierno para gestionar el país.
En este contexto, la estrategia del PP parece estar diseñada no solo para presionar al Gobierno, sino también para consolidar su imagen ante los votantes. La posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este asunto podría ser un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y la oposición, así como un factor determinante en las futuras elecciones.
La situación actual plantea un escenario complejo en el que el PP busca capitalizar la debilidad del Gobierno, mientras que este último intenta mantener su agenda legislativa a pesar de las adversidades. La falta de presupuestos es un tema que podría marcar la pauta de la política española en los próximos meses, y el desenlace de este conflicto de atribuciones podría tener consecuencias duraderas para el panorama político del país.
